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En marzo y junio de 2021, el Centro de Empresarios de Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) había comunicado al Viceministerio de Transporte (VMT) un paro del servicio, como medida de fuerza para actualizar la Tarifa Técnica (TT), la fórmula que define el precio del pasaje y los subsidios que se otorgan a los empresarios. Esa “actualización” se tradujo en mayores desembolsos a empresarios.
Tres años después, el gremio repitió su maniobra pidiendo “actualizar” los componentes de la TT, que sigue siendo un “secreto de Estado”. También las autoridades de turno negocian con los transportistas a puertas cerradas, sin participación ciudadana.
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El gobierno del presidente Santiago Peña cedió a la presión de Cetrapam, cuyo presidente es César Ruiz Díaz. El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, alegó que se harían estudios para acordar los términos, en un plazo de 90 días. Así mismo fue en 2021.
Mientras tanto, los transportistas reciben fortunas de los impuestos de los contribuyentes de todo el país. Sólo en estos primeros cuatro meses del año, se alzaron con G. 109.140 millones, unos US$ 15 millones al tipo de cambio actual. Todo eso, sin que se haya renovado la flota ni haya habido una competencia por mantener las licencias de los itinerarios. Ni siquiera se actualizaron los circuitos, para adaptarlos a las necesidades de los usuarios.
La diferencia en esta nueva crisis del transporte es que hoy existe una asociación de usuarios, la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama), que exige participación -tanto en las negociaciones como en los espacios de decisión del VMT-, pero el gobierno de Santiago Peña se lo impide sistemáticamente.
Esta negativa genera suspicacia sobre los verdaderos términos de la negociación y acuerdo con transportistas. Opama teme que toda la amenaza y presión de empresarios sólo deriven en beneficios para ellos, sin mejoras para los pasajeros.
