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Directores de la ANDE resaltaron ayer, en la audiencia pública donde se debatió el Proyecto de Ley “que prohíbe temporalmente la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería en territorio paraguayo”, que la empresa estatal percibirá este año US$ 100 millones mediante la tarifa que le cobra a 50 criptomineras.
Adelantaron que dicha cifra se duplicará en el 2025, cuando entren en operación todas aquellas firmas que se están preparando; es decir, la facturación por esta actividad que se busca prohibir, llegaría a US$ 200 millones el próximo año.
La tarifa promedio para el Grupo de Consumo Intensivo Especial, dependiendo del nivel de tensión al cual se conecta, varía entre 26% a 58% en relación a una tarifa normal industrial, contó el gerente comercial de la ANDE, Ing. Hugo Rolón. Resaltó que esta actividad aporta un flujo de caja importante para la institución.
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Dijo que los 50 contratos activos que se dedican a la criptominería representan unos 250 MW de potencia. “En el año 2023, hemos facturado aproximadamente US$ 38 millones solo al Grupo de Consumo Especial y para este año la previsión de ingresos, ya con la puesta en servicio de los grandes clientes que van a ser conectados en muy alta tensión, la previsión de ingresos es de US$ 100 millones”, señaló.
La otra cara de la moneda son las criptomonedas que se conectan de manera clandestina a las redes de la institución. “Solo en el 2024 llevamos 14 intervenciones, donde hemos desactivado más de 40 MW de potencia y que estimativamente generaban una pérdida mensual para la institución en torno a G. 10.000 millones”, dijo.
A su vez, el Ing. José Vallejos, jefe de la División de Estudios Energéticos de la Dirección de Planificación y Estudios de la ANDE, fue quien adelantó que el próximo año se va a duplicar los ingresos para la ANDE, es decir, unos US$ 200 millones.
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“Nadie va a la cárcel”
Por su parte, el asesor jurídico de la ANDE, Abog. Nelson Medina, aseguró que “en el Paraguay, hoy día nadie va a la cárcel por la sustracción de energía eléctrica”. Propuso criminalizar el robo de la energía eléctrica porque es un flagelo que perjudica a la nación. “Entre marzo de 2023 y marzo de 2024 le han privado a la ANDE de un ingreso de G. 75.000 millones”, observó.
El senador Eduardo Nakayama, quien es miembro de la Comisión de Legislación, manifestó que su posición es firme en relación a rechazar este proyecto de ley. “De ninguna manera vamos a acompañar porque perjudica a la imagen del país y se debe tener cautela”, sostuvo.
Víctor Arévalos, propietario de VA Technology, empresa encargada de la reparación de equipos de minería, contó que a raíz de este proyecto de ley, hay inversiones extranjeras en pausa.
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Mayor impacto fuera del país
Jimmy Kim, empresario del sector textil, contó que hace dos años trajo una inversión proveniente de Canadá, Antilia Sur, que se dedica a la criptominería. “Estábamos trabajando bien hasta que se hizo mediática esta ley que no solamente nos impactó, sino que impactó en el mundo. Los inversores preocupados empezaron a llamar. Una información de esta calaña genera un impacto más grave afuera que adentro del país”, dijo.