Lorena Rojas, presidenta de la Asociación de Operadores de Juegos de Azar (Apoja), denunció que las tragamonedas abundan en las calles, en abierta violación de las disposiciones de la Ley N° 6903/2022, que establece medidas de protección a infantes y adolescentes de la influencia de tragamonedas, cuya finalidad es disminuir las posibilidades del desarrollo de adicción a las apuestas (ludopatía). Indicó que esta situación se debe a la falta de voluntad de las autoridades municipales, principalmente.
“La ley no es letra muerta. En realidad lo que existe son autoridades complacientes y operadores privilegiados, pues en Encarnación no hay máquinas en calle y en Limpio se actualizó su normativa pero esto no es así en la gran mayoría de los municipios del país”, criticó.
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La normativa, reglamentada por el Decreto N° 938/2023, estipula explícitamente que las máquinas pueden funcionar únicamente en salas de juegos de azar autorizadas por los municipios y que cuenten con el Registro de Operador de Juego de Azar emitido por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). Asimismo, obliga a las municipalidades a que notifiquen la cantidad de salas que habilitaron.
Además, el citado decreto establece que esas salas autorizadas deberán contar y mantener durante todo el tiempo de explotación del local de juegos electrónicos un sistema de monitoreo y control en línea de las mismas, que opere en dicho local y a cuyo sistema tendrá acceso Conajzar. El objetivo este sistema es controlar el flujo de dinero en circulación.
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Para Rojas, las autoridades son cómplices pues impiden un control del dinero que circula en las máquinas, y de esta manera, también permiten una forma de evadir impuestos, pues ahora, con la vigencia de la ley, están obligados a cumplir las normas para el control del lavado de dinero. “Estamos recopilando informes y vamos a presentar denuncias serias y responsables”, adelantó.
8 de febrero, tope de adaptación para municipios
Por su parte, el titular de Conajzar, Carlos Liseras, afirmó que los 263 municios tienen plazo de 30 días hábiles a partir de la publicación del mencionado decreto, el 27 de diciembre pasado, para que los 263 municipios del país se adapten a las disposiciones. El plazo se cumple este 8 de febrero, dijo.
Teniendo en cuenta que ese período fenece en un par de días, comentó que sólo Fernando de la Mora actualizó su ordenanza para unificar con las disposiciones del decreto y Naranjal notificó a Conajzar la cantidad de salas que había habilitado a la fecha. Son las únicas notificaciones que recibió, comentó.
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Liseras mencionó que a fines del año pasado, notificó a los 263 municipios del país sobre la vigencia de la ley de tragamonedas y las obligaciones establecidas en su decreto reglamentario. Posterior al plazo establecido para su adaptación, se realizarán “masivas fiscalizaciones” a fin de velar el cumplimiento de la normativa, dijo.
Para concretar los controles, indicó que se encuentra articulando acciones con la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Diben recibiría el doble, dice Conajzar
El titular de la Conajzar recordó que el 30% del total de la recaudación en juegos de azar se destina a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), que actualmente son G. 4.500 millones. El resto de los recursos se distribuye al Tesoro Público, Gobernaciones y Municipios, conforme se establece en la Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar.
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“Estamos coordinando las tareas para combatir el juego clandestino en todo el país, tanto en la Región Oriental como Occidental, y no sólo las tragamonedas, sino que todas los apuestas clandestinas”, advirtió. A modo de ejemplo, mencionó la quiniela, bingo, rifas y apuestas deportivas que operan en negro.
Indicó que conforme a sus estimaciones, la recaudación podría ser el doble, y de esta manera, sería mucho más lo que se destine a la Diben, organismo que se dedica a la asistencia sanitaria a la gente de escasos recursos.