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La Asociación de Industriales Gráficos del Paraguay (AIGP) pide la atención del gobierno de Santiago Peña, así como un plan de protección a unas 300 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del sector ante al impacto de la facturación electrónica.
Paolo Barcchini, presidente del gremio, explicó que el sector no tiene una postura contraria al proceso y, de hecho, lo valoran que optimiza la trazabilidad en la lucha contra el lavado de dinero y la evasión de impuestos, sin embargo, advirtió que se trata de un rubro que emplea a miles de personas y que no cuenta con apoyo para reconvertirse.
Comentó que en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), ex Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), se encuentran registrados al menos 600 compañías que se dedican a la impresión y que de ese total al menos la mitad son mipymes. “Muchas familias quedarán sin el sustento”, dijo.
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Añadió que en los últimos años disminuyó la demanda de diversos productos debido al avance de los boletines con presentación digital, tales como revistas, encuestas y otros.
Admitió que es una evolución natural, pero recalcó que la decisión política de la implementación de la facturación electrónica en un 100% para el 2025 lo plantearon de manera sorpresiva para muchos empleadores.
Considerando que suelen presentarse inconvenientes con el software tributario, Barcchini consideró oportuno que, por un tiempo prudencial, se pueda plantear un sistema híbrido, en el que el duplicado de las facturas se resguarden por un tiempo en formato papel.
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