Contraloría indaga sobre centro de monitoreo del billetaje

La Contraloría General de la República (CGR) indaga sobre la ejecución del contrato del Centro de Control y Monitoreo del billetaje, que había sido adjudicado en el 2019, por US$ 3,9 millones, y que no opera en un 100%. El trabajo realiza a pedido de Obras Públicas, tras una auditoría interna realizada ante la presión ciudadana por el caso de subsidios a pasajeros fantasmas.

El Centro de Monitoreo del billetaje electrónico es considerado el "cerebro" de todo el sistema de transporte. Pese a la inversión y serie de promesas no se encuentra operativo en un 100%.
El Centro de Monitoreo del billetaje electrónico es considerado el "cerebro" de todo el sistema de transporte. Pese a la inversión y serie de promesas no se encuentra operativo en un 100%.Pedro González, ABC Color

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El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República (CGR), Armindo Torres, señaló que indaga le gestión del Viceministerio de Transporte (VMT) sobre la ejecución del contrato de instalación del Centro de Control y Monitoreo (CCM) del billetaje, durante la administración de Víctor Sánchez y Pedro Britos, desde el 2019 al 2023. Las declaraciones las brindó ayer, a ABC.

Las investigaciones realizan como consecuencia de los hallazgos detectados en la auditoría interna hecha por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tras el escándalo de subsidios a pasajeros fantasmas descubiertos a mediados de marzo último.

En ese entonces tomó relevancia la falta de detección de Transporte para identificar con el billetaje electrónico la existencia de una mayor demanda irreal de pasajeros. El exviceministro Víctor Sánchez había culpado “a la falta de funcionamiento en un 100% del CCM”.

Presión social logra actuación de la Contraloría

De esta manera se inició una serie de indagaciones ante la presión social. Así fue que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) confirmó que Sánchez era “juez y parte” en la ejecución de ese contrato, ya que era asesor de la proveedora en ese mismo acuerdo con el Estado.

El contratista fue el consorcio Electronic Ticket Control (ETC), representado por Ángela Marien Ocampos Ortega, que fue adjudicado mediante una licitación pública nacional (ID 368.264), por US$ 3,9 millones en 2019, durante la administración de Pedro Britos.

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