Los medios de comunicación argentinos se hicieron eco de la decisión que tomó la semana pasada, específicamente el 22 de noviembre último, la jueza Loretta Preska, del tribunal de Distrito Sur de Nueva York, de aceptar la postergación del pago de Argentina de una indemnización de US$ 16.100 millones al fondo Burford Capital. Pero, a su vez, ordenó que aporte otros activos como garantía para evitar embargos, en el marco de la causa por la estatización de YPF.

Entre las garantías estarían la participación accionaria del Estado argentino de 51% y las cuentas por cobrar vinculadas con Yacyretá (cuya propiedad comparte Paraguay con el vecino país), según precisó la agencia Bloomberg y reprodujo Página 12.

La publicación detalló que el cálculo de Preska está hecho en base al valor de la participación accionaria estatal en YPF –valuada en entre US$ 2.350 millones y US$ 3.050 millones, según analistas- y US$ 4.000 millones adicionales en pagos que Paraguay le debe a Argentina (en rigor que la entidad binacional debe, o dicen que debe) durante los próximos 30 años por la represa de Yacyretá.

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También señala que la magistrada suspendió la ejecución de la sentencia hasta el próximo 10 de diciembre, para permitir que el vecino país prepare las garantías.

Recuerda que en la sentencia final dictada el 15 de septiembre de este año, la jueza Loretta Preska desestimó los reclamos presentado por los demandantes contra YPF, al decretar que la petrolera no tuvo responsabilidad contractual en la nacionalización de 2012, aunque mantuvo firme el fallo contra el Estado argentino. Y tras darse a conocer el fallo, el Gobierno de Alberto Fernández ratificó la apelación por discrepar con las cifras del mismo.

El asesor jurídico paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Eduardo González, fue consultado acerca de esta situación, pero manifestó que desconocía la propuesta. “La verdad desconozco la propuesta, y tampoco quien fue el que propuso la idea”, expresó.

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Por su parte, ante la misma consulta, el consejero de Yacyretá y exdirector de dicha entidad, Ángel María Recalde, respondió que “esa propuesta surgió de alguien que escuchó al ministro (Sergio) Massa decir de que Paraguay le debe a la Argentina más de 4.000 millones de dólares por la construcción de la CHY”.

Añadió que esa persona “no se imaginó que el ministro mentía, no sé si por mala información o por mala intención”. Sostuvo que lo concreto es que esa deuda del Paraguay no existe y por lo tanto no puede ser usado como garantía de nada.

¿A qué deuda se refieren?

Yacyretá es un emprendimiento binacional de Paraguay y Argentina en igualdad de condiciones, pero que desde la operación de la primera turbina de Yacyretá (1994) no aplicó nunca lo establecido en el Anexo C de su tratado y se definió una tarifa que no permitía cubrir la deuda contraída por la entidad durante su construcción.

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Actualmente la EBY tiene el reclamo del Tesoro argentino de una deuda, no tiene asegurado los ingresos para sus costos de operación y mantenimiento, y no paga al Paraguay el resarcimiento por territorio inundado. “Argentina tuvo en toda esta historia un doble rol; por un lado aportó capital para la construcción de Yacyretá y por otro lado, es el principal consumidor de la energía generada por debajo del costo hasta la fecha”, explicaba el exjefe técnico de la Ccntral, Ing. Juan José Encina en setiembre último.

Por eso sostuvo que si la deuda fuera US$ 20.000 millones o US$ 4.000 millones, la única forma de pagar es a través de la tarifa. algo que no se hizo durante los 29 años de operación de la Central.

El juicio por la estatización

El juicio por la estatización de YPF fue originalmente iniciado en 2015 tras la quiebra del Grupo Petersen, que ingresó a YPF de la mano de Néstor Kirchner. En julio de este año, durante el juicio, YPF logró salir ilesa de la causa, sin tener que afrontar costos, pero el juzgado falló en contra de la República Argentina, alegando que la manera en la cual el gobierno de Cristina Kirchner realizó la estatización violó los estatutos de la compañía.