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Con bombos y platillos, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció que de agosto a octubre de este año ejecutó, en materia de inversión física, G. 733.000 millones, equivalente a cerca de US$ 100 millones.
La institución resaltó que los pagos estuvieron “orientados a saldar parte de las deudas que quedaron pendientes del periodo anterior con las constructoras, avanzando con el cometido de honrar esos compromisos para permitir dar continuidad a las obras de infraestructura a nivel nacional en favor de la ciudadanía”.
Sin embargo, la deuda acumulada con las firmas contratistas sigue en US$ 400 millones, según confirmaron desde la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) y la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa). El cálculo del MOPC quedó en los casi US$ 334 millones de compromisos pendientes hasta agosto, pues solo tiene registros de la deuda correspondiente hasta ese mes. Además, ningún funcionarios de la institución quiso dar explicaciones sobre el monto real de las deudas.
A través de la Dirección de Comunicaciones, Obras Públicas informó que la deuda acumulada con las empresas es de casi US$ 334 millones, que corresponde al monto relevado hasta agosto de este año y clasificado por empresas (ver infografía).
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Cundo se consultó por qué no se redujo el monto de la deuda con el pago de US$ 100 millones que publicitaron, la cartera respondió: “no cambió nada en cuanto a las cifras, siguen siendo las mismas” y que “lo que se ejecutó en los últimos meses eran compromisos más recientes” y que corresponden “a aquellos proyectos que tienen financiamiento y no se estaban ejecutando”.
En este momento, una de las obras que más problemas tiene par continuar es el puente “Héroes del Chaco”, que unirá Asunción con Chaco’i. El MOPC debe US$ 43,4 millones hasta agosto por esta obra y, ante esta situación, hay dudas de que la obra se pueda inaugurar en la Navidad, como se prometió en su momento, pues la deuda ya treparía hoy a los US$ 50 millones. “En resumen, necesitamos cobrar”, manifestó el Ing. Reinaldo Delgado, uno de los representantes del Consorcio Unión (Heisecke y CDD), que ejecuta esta obra.
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Incertidumbre respecto a qué se va a pagar
El presidente de la Capaco, Ing. Guillermo Mas, señaló a su turno que la deuda sigue en US$ 400 millones y que lo que pagó el MOPC correspondía a los contratos financiadas con fondos externos, es decir, préstamos de multilaterales, pero que el problema persiste en las obras que dependen de fondos locales (financiadas con recursos propios), que siguen sin pagarse. “La deuda del Estado con las contratistas de obras financiadas con fondos locales ha llevado a las mismas a incurrir en un sobrecosto financiero, que tiene a muchas empresas en una situación muy complicada, algunas de ellas incluso al borde de la quiebra”, advirtió.
El titular de Capaco también destacó que esta situación también afecta el empleo, que se viene perdiendo con un ritmo cada vez más acelerado este año. En este sentido, dijo que se estima que en el segundo trimestre del año cayeron casi 20.000 empleos de manera directa. “Esta cifra puede aumentar a fin de año, si no se concretan los pagos. No queremos dejar de reconocer en tal sentido el esfuerzo que ha hecho el Gobierno desde el inicio de esta gestión en articular las herramientas financieras para que el Estado honre la deuda heredada por esta administración”, indicó.
Los intereses suman US$ 80 millones
El presidente de Cavialpa, Ing. Paul Sarubbi, señaló que la deuda pendiente con las constructoras “alcanzó un punto crítico, con intereses acumulados que superan el 20%”. Señaló que el gremio concuyó que los atrasos en los pagos a las constructoras datan de alrededor de año y medio. Adicionalmente, el Estado acumula intereses con tasas anuales que oscilan entre 15% y 18%, “lo que ya podría representar alrededor de US$ 80 millones en intereses acumulados”, manifestó.
En este sentido, indicó que el proceso de transición gubernamental desencadenó “un esfuerzo para reconocer y contabilizar las deudas pendientes del Estado, que se estiman en un total cercano a los US$ 900 millones”. Añadió que de ese monto alrededor de US$ 400 millones corresponden a las deudas con el sector de la construcción.
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“El alto costo de intereses al que se expone la administración central debido a estos atrasos se encuentra entre las tasas más elevadas del mercado. Esta situación provoca que las constructoras deban recurrir a financiamiento bancario y pagar intereses para mantener sus operaciones en marcha ante la falta de pagos oportunos”, expresó.
Asimismo, añadió que la acumulación de intereses podría tener implicaciones significativas para la salud financiera del Estado y del sector de la construcción, resaltando “la necesidad de una resolución efectiva para mitigar los efectos negativos de los atrasos en los pagos”.
Desaceleración del sector
Las proyecciones de crecimiento económico del sector de la construcción no son muy alentadoras y se estima que el rubro tendrá un descenso de 4% en su expansión para este año, luego de que el año pasado ya registrase una caída del 4,3%, según los gremios del sector. Esta situación se debe a la millonaria deuda del Estado con las contratistas, que hoy ya llega a US$ 400 millones, que este año ya no se pagaría.