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La fiscala Natalia Fuster, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, informó ayer que sigue investigando un posible daño patrimonial de G. 2.173 millones en la Industria Nacional de Cemento (INC), luego de que la Contraloría General de la República (CGR) haya reportado indicios de hechos punibles en la ejecución de la última parte de los bonos soberanos en la estatal.
Según la agente, el 16 de octubre realizarán un peritaje, para identificar el posible perjuicio patrimonial en el marco del contrato para “Montaje Mecánico, Eléctrico, Electrónico y Civil para Puesta en Marcha del Ventilador Tiro Horno III” de la fábrica de Vallemí, “inversión” que se realizó en el año 2021, durante la administración de Ernesto Benítez.
Para ejecutar esta tarea fue adjudicada por G. 8.377 millones la empresa CIE S.A., representada por Hugo Ángel Aranda Núñez, en diciembre de 2020. A este monto sumaron G. 1.002 millones más, a través de la adenda N° 2, por lo que el monto del contrato llegó a G. 9.379 millones.
Con este contrato la INC “completó” las “inversiones” hechas con los recursos provenientes de la colación de los bonos soberanos por parte del Estado en la cementera pública, según la Fiscalía; es decir, la última parte de los US$ 80 millones que recibió la cementera durante el Gobierno de Horacio Cartes, para “mejorar” sus fábricas de Vallemí y Villeta, que se “completó” bajo la administración de Benítez ya en el gobierno de Mario Abdo Benítez.
“Vamos a hacer la pericia, esa es la novedad. Estuvimos organizando la pericia que requirió de muchísimo trabajo de coordinación con los peritos, las designaciones, notificación a todas las partes y tenemos que hacer ese viaje a Vallemí”, informó ayer Fuster.
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INC: lo que reveló la Contraloría
Esta causa de la fiscala Fuster se abrió en mayo último, tras el reporte de los indicios de hechos punibles por parte de la CGR al Ministerio Público. El ente de control realizó una fiscalización inmediata al mencionado contrato, la cual culminó en agosto del 2022, en la que verificó la certificación de ítems en cantidades distintas a las ejecutadas, lo cual derivó en una diferencia de G. 1.403 millones.
En el informe remitido a la fiscalía, la CGR también enfatizó que en la adenda N° 2 incluyeron ítems de obra que ya estaban establecidos en el contrato original, en contravención al Pliego de Bases y Condiciones. Esto derivó en una diferencia en el monto del contrato ampliado, de G. 604.527.028.
Asimismo, el ente de control comunicó a la Fiscalía que los precios de los ítems de la adenda 2 “incluyen gastos generales no acordes con los de mercado, inclusive a los del contrato original, lo cual deriva en una diferencia en la valoración del monto ampliado del contrato de G. 165.643.548″. Todos estos hechos hallados por la CGR hacen suponer un daño patrimonial de G. 2.173 millones, según el organismo.
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Otra causa duerme desde hace cuatro años
En el 2019, la Contraloría ya corroboró en otro examen que la “inversión” de los bonos en la INC fracasó, porque habían prometido aumentar la capacidad de producción de clínker y de cemento, pero el resultado fue todo lo contrario. Tras esta primera auditoría del 2019 del ente contralor, la Fiscalía inició una investigación sobre el caso, que no avanza hasta ahora.
El fiscal Jorge Arce, también de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, está a cargo de las pesquisas desde diciembre del 2019, pero sin resultados a cuatro casi cuatro años. Ayer intentamos contactar con Arce para consultarle sobre los avances y dijo que estaba en un juicio, por lo que no pudo atendernos.
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Lo último que informó Arce es que la investigación continúa y, sobre las demoras, había dicho que esto se debe a la complejidad del caso, pues “son varios contratos y la cantidad de documentos”.
En su auditoría del 2019, la CGR detectó que la producción de clinker (insumo del cemento) con el cambio de combustión del horno de Vallemí (de fueloíl a coque), se mantuvo muy por debajo de la capacidad garantizada.
Asimismo, reveló que el molino de clinker (insumo del cemento) que proveyó Engineering SA, de Juan Andrés Campos Cervera, a la planta de Villeta, tiene una capacidad distinta a la que estableció el pliego. El ex titular de la INC, Ernesto Benítez, recibió esa máquina de la conocida “superproveedora” del gobierno de Mario Abdo.
Fracaso de la “inversión” en INC
Otra auditoría de cumplimiento de la Contraloría a la INC, de agosto del año pasado, también evidenció el fracaso de la “inversión” de US$ 80 millones provenientes de la colocación de bonos soberanos en la INC, tanto en las plantas de Villeta como de Vallemí, principalmente durante el Gobierno de Cartes. Pero pese a ello, nadie está imputado hasta ahora. La carpeta a cargo de la fiscala Natalia Fuster registra un importante avance con el peritaje que se realizará, pero la causa del fiscal Jorge Arce sigue cajoneada.