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El juez de Garantías especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú rechazó el planteamiento de la Fiscalía y de la defensa de los involucrados en aparentes hechos punibles en la gestión de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). Los requerimientos fueron el sobreseimiento definitivo de uno de los acusados, el directivo de la concesionaria de la quiniela, y provisional de otros cinco, quienes son las exautoridades de la comisión.
La decisión comunicó ayer, en la segunda jornada de la audiencia preliminar. El juez imprimió trámite de oposición previsto en el artículo 358 del Código Procesal Penal (CPP), lo cual implica que la Fiscalía General del Estado, deberá ratificarse o rectificarse en la postura de la institución, en un plazo de 10 días hábiles.
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La concesionaria de la quiniela es la firma TDP SA, cuyo directivo es Álvaro Wasmosy, acusado por declaración falsa y que ahora en la audiencia preliminar, la Fiscalía se rectificó del pedido de juicio oral.
Los acusados y exintegrantes de la directiva son el diputado Rubén Roussillón, José Ortiz, Ricardo Núñez, Carmen Alonso y Omar Mongelós. Por este grupo la Fiscalía se había ratificado en su requerimiento de juicio oral el miércoles último, pero ayer se allanó a los pedidos de sobreseimiento provisional planteado por la defensa.
El juzgado rechazó los planteamientos. Argumentó que existen posturas muy opuestas del Ministerio Público en la acusación y luego en la audiencia preliminar. En ese sentido, cabe recordar que la fiscal encargada de la investigación fue María Estefanía González pero en la diligencia se presentó Alcides Corvalán como interino, pues la agente se encuentra de vacaciones.
La acusación planteada por González le pareció contundente, razón por la que consideró prudente solicitar al fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández, su ratificación o rectificación de la postura de la institución en la audiencia preliminar (art. 358, del Código Procesal Penal).
La Fiscalía había asegurado que TDP SA incumplía por impuestos a favor de los veteranos (Ley N° 431/73), la donación a entidades de beneficencia (establecida en la Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar) y lo relativo al Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress), Ley N° 4392/11, y que pese a eso Conajzar le adjudicó el juego.
Además había identificado la comisión de aparentes hechos punibles en la gestión de tragamonedas y reducción del canon a concesionarias en pandemia.
También está procesado Raúl Silva, exmiembro de Conajzar, quien tiene prevista su audiencia preliminar el próximo lunes 31 de julio, y Sergio Coscia, exprocurador, con sobreseimiento provisional.
SET: firma pagó su deuda de impuesto para veteranos
El viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, afirmó ayer que la institución cobró el año pasado a la concesionaria de la quiniela lo relativo al impuesto establecido en la Ley N° 431/73 a favor de los veteranos de la Guerra del Chaco, normativa que fue derogada con la reforma tributaria N° 6380/2019.
Se trata de uno de los ítems por los cuales la Fiscalía consideraba morosa a la firma TDP SA cuando fue adjudicada con el juego de la quiniela, en 2020, y por lo que acusó y pidió juicio oral contra el directivo, Álvaro Wasmosy Carrasco, dos años después, en 2022.
Corresponde a una obligación que mantenía la firma por la explotación de la quiniela desde el 2015, cuyo contrato es de 5 años.
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“Se realizó el cobro en base a una fiscalización solicitada por el exministro de Hacienda Benigno López y fue sobre impuestos que aún no estaban caducos”, dijo.
Añadió que “el pago del impuesto y multa aplicadas se concretó una vez finalizado el sumario, con el cual se constató que al momento de la adjudicación (en 2020) la empresa en cuestión no había pagado lo correspondiente al impuesto establecido a los veteranos”.
Requerido referente al monto de la deuda y la multa evitó precisar alegando “secreto de las actuaciones”.
La resolución particular para pagar la deuda data de junio del 2022, según reportó la Fiscalía al requerir el sobreseimiento definitivo, en la audiencia preliminar del miércoles último.
El fiscal Alcides Corvalán, interino de Estefanía González, alegó que la deuda ya no existe.
El agente no supo responder sobre el aparente incumplimiento de la concesionaria en cuanto a donación a entidades de beneficencia establecida en la Ley N° 1016/97 y referente a premios no entregados para el Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress) Ley N° 4392, los cuales fueron cuestionados por la Fiscalía.