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El titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, salió al paso de las críticas que hizo la abogada tributarista Nora Ruoti al proyecto de ley que fusiona la SET con la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y crea la DNIT.
La profesional del derecho sostuvo, entre otros puntos, que el proyecto de ley otorga a las nuevas autoridades de la entidad superpoderes, con funciones discrecionales y ninguna responsabilidades, por lo que pueden hacer lo que quieren.
El viceministro Orué, a través de una nota, señala que la referida ley tiene el objetivo crear una nueva institución que permita mejorar la recaudación fiscal, la eficiencia en la administración tributaria y los servicios al contribuyente, así como a los agentes de comercio exterior.
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A su criterio, es importante que se constituya en una entidad autónoma, de manera que le permita emitir las normativas reglamentarias referentes a los tributos bajo su competencia, e indefectiblemente deberá ser autárquica, es decir, una entidad descentralizada de derecho administrativo con personalidad jurídica, creada para una función de interés común.
“En ese sentido, la recaudación de tributos es por excelencia un tema de gran interés común para el país, por lo que contar con fuente de financiación propia y con capacidad para la administración de sus recursos se torna altamente necesaria”, añade.
Política trazada por Hacienda
La nota explica que la DNIT seguirá aplicando la política fiscal trazada y demarcada por Hacienda, lo cual implica que, a pesar de su naturaleza autónoma y autárquica, se encontrará subordinada a los delineamientos en materia fiscal formulado por el citado el ministerio.
El viceministro refiere que entre las casi 30 entidades autónomas y autárquicas existentes, todas dependen directamente del Presidente de la República en cuanto a la designación de la máxima autoridad, a la responsabilidad de esta en cuanto al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, y sus presupuestos forman parte del Presupuesto General de la Nación.
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Con respecto a las obligaciones, sostiene que en materia de derecho público rige el principio fundamental: “Todo lo que no está expresamente permitido, está prohibido”, lo que implica que toda institución estatal y sus agentes, incluyendo la DNIT, se encuentra sometida a limitar su actuar, examinando que las leyes que la rigen autorice positivamente (de forma explícita) el acto a realizar.
La nota insiste que en las funciones y atribuciones de la nueva entidad no se establecen potestades adicionales a las que hoy ya tienen la SET y la DNA, y que la responsabilidad del funcionario o empleado público tiene carácter de norma constitucional, contenida en el artículo 106 de la Constitución Nacional de la República.
Controles establecidos y poderes
En cuanto a los controles, afirma que por disposición constitucional la institución natural de auditoría es la Contraloría General de la República, a la cual deberá rendir cuentas y emitir informes cuando le sea requerido por esta.
Además, considerando que la entidad deberá aplicar la política tributaria emanada de Hacienda, también estará supeditada al control del cumplimiento de esa política y, a nivel internacional, sometida a cumplir los estándares internacionales de los organismos multilaterales de control; así como que los actos administrativos que dicte la DNIT estarán siempre sujetos al control jurisdiccional (Poder Judicial).
Con relación a la crítica sobre la unificación de poderes, expresa que, indudablemente, en la lucha contra el contrabando y la evasión fiscal, una de las principales dificultades con las que se topan los entes de control a la fecha, es el hecho de que cada uno de ellos (SET y DNA) implementan políticas contra esos flagelos de forma independiente.
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“Esta situación, ciertamente, genera ventajas para los sujetos infractores, ya que, al trabajar de esta forma, la coordinación de las actividades que hacen frente a dichos hechos delictuales se torna complicada y ardua por el hecho de que cada uno de dichos entes actúan bajo marcos legales diferentes, con atribuciones y facultades de diferente alcance, y con recursos limitados”, indica.
Agrega, que con esa nueva ley ya no se tendrá esa fragilidad institucional por el hecho de que, bajo la unificación de mandos, no cabrán argumentos que justifiquen la falta de mejora en la lucha contra los delitos de contrabando y evasión fiscal que atentan contra el desarrollo económico y social del país.
Nombramientos de funcionarios
Sobre los nombramientos y desvinculación de funcionarios, expresa que así como lo establece el régimen general que rige para la función pública (actualmente la Ley N° 1626/2000) la nueva ley recoge, la clasificación de servidores públicos contenida en la referida ley: por un lado, los cargos de confianza, y por el otro lado, los funcionarios “de carrera”.
“Lógicamente, para los cargos de confianza tales como los de Director Nacional, Gerente General, Director General y Director, las designaciones serán de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 7143/2023. En tanto que, para los funcionarios de carrera, el ingreso a la nueva Dirección Nacional de Ingresos Tributarios será necesariamente por concurso de méritos y aptitudes”, afirma.
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En ese sentido, enfatiza que la designación y contratación de ambos tipos de servidores públicos no varía en relación con lo que actualmente ya se aplica en la SET y DNA.
También menciona que se prevé en la ley que todo el personal de la SET y la DNA pasarán a formar parte de la DNIT, manteniendo sus derechos y obligaciones; y que la nueva ley aumenta la responsabilidad de estos funcionarios ya que todos deberán presentar obligatoriamente cada 3 años la declaración jurada de rentas y bienes, se prohíbe la concurrencia a salas de juego y casinos, y para el caso del personal que ostente cargo de confianza, el régimen de dedicación exclusiva a la DNIT.
El viceministro Orué es el candidato a ocupar el cargo de director nacional, aunque en varias ocasiones señaló que el presidente electo Santiago Peña no le habló de cargos y que solo le pidió coordinar los trabajos, hablar con los gremios empresariales, sindicales, recoger las sugerencias y las críticas sobre el referido proyecto.