Denunciante del metrobús: “Mota Engil tiene que ser llamada a declarar”

El ingeniero Hermann Pankow, quien realizó la primera denuncia penal sobre el caso metrobús, opinó que la Fiscalía debe llamar a la empresa contratista portuguesa Mota Engil a declarar, afirmando que esta fue “invitada” a la licitación simplemente para eliminar otras ofertas

Las obras que ejecutó Mota Engil, en el marco del fallido proyecto  metrobús fueron demolidas. La firma cobró unos US$ 30 millones e inclusive se le pagó por rehabilitar la vía que destrozó.
Las obras que ejecutó Mota Engil en el marco del fallido proyecto Metrobús fueron demolidas en 2020.Archivo, ABC Color

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En comunicación con ABC Cardinal este martes, el ingeniero civil Hermann Pankow, quien presentó en 2018 la primera denuncia penal sobre el fracasado proyecto del metrobús, opinó hoy sobre la imputación de Ramón Jiménez Gaona, quien fue ministro de Obras durante la contratación, y la ejecución inconclusa del proyecto, anunciada ayer por el Ministerio Público.

La fiscalía anunció el lunes la imputación de Jiménez Gaona, de la exviceministra de Finanzas María Regina Benítez y del exgerente de la obra del metrobús Guillermo Alcides Alcaraz, por supuesta lesión de confianza, por el presunto incumplimiento de las exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de la obra, lo que impidió la viabilidad de la culminación de los trabajos emprendidos por la firma constructora Mota Engil Ingeniería y Construcción SA.

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Pankow, quien dice ser perseguido por la Fiscalía y se encuentra en Brasil, dijo que la principal irregularidad en el caso del metrobús es que el pliego de bases y condiciones del contrato prohibía aumentar “un solo dólar” el monto establecido por la contratación, pero que días después de que la facción cartista del Partido Colorado perdiera las internas partidarias de 2017, el Ministerio de Obras aprobó entregar 17 millones de dólares adicionales a Mota Engil.

Mota Engil incumplió “groseramente” el contrato

Mota Engil “estaba incumpliendo groseramente el contrato, subcontratando, sin poner la señalización en la obra (…) Esa empresa tenía que ser multada, no premiada”, dijo Pankow, quien afirmó que Jiménez Gaona “no se animó a firmar el acuerdo” de los 17 millones de dólares, haciendo que su secretaria lo firme.

Señaló también que la ley de Contrataciones establece que antes de una licitación siempre debe existir un proyecto, lo que no fue el caso con el metrobús. Afirmó que “es leyenda” que la ley de Contrataciones no sea aplicable a proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo como el metrobús.

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“Es complicado hacer una obra sin proyecto inicial; tenés que tener liberada la franja de dominio. El puente de Chaco’i tiene la misma situación: el contratista hace su propio proyecto y tuvo un aumento prohibido de 17 millones de dólares. Nunca se llamó a licitación para fiscalización”, agregó.

En su denuncia inicial, Pankow también incluyó a Juan Manuel Cano, gerente del metrobús; a Esteban Sarubbi, miembro de comités evaluadores al que denunció por enriquecimiento ilícito, y a Eduardo Almeida, exrepresentante del Banco Interamericano de Desarrollo en Paraguay, quienes no fueron incluidos en la imputación anunciada ayer por el Ministerio Público.

El ingeniero afirmó que es clave para la investigación que la Fiscalía llame a Mota Engil a declarar, afirmando que la empresa fue “invitada” a la licitación por Luis Pettengill, propietario de la empresa constructora Ocho A, que fue subcontratada por Mota Engil para trabajar en el metrobús.

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En opinión de Pankow, la “invitación” a Mota Engil a participar del llamado se hizo “para eliminar otras ofertas”, disuadiendo a otras empresas de competir con una firma internacional de la magnitud de esa empresa portuguesa, pero finalmente entregando el contrato a Ocho A, una fórmula que Pankow afirma también fue repetida en el contrato para la ampliación de la Ruta PY02 en 2017, adjudicado a un consorcio integrado por Mota Engil, Ocho A y la empresa española Sacyr.

“Pettengill es la clave acá”, insistió el ingeniero.

“Cáscaras de banana” para el fiscal general

Emiliano Rolón, fiscal general del Estado.
Emiliano Rolón, fiscal general del Estado.

Pankow criticó la designación de la fiscala María Estefanía González para investigar a Jiménez Gaona y los otros dos imputados, señalando que “era del anillo central” de la ex fiscala general Sandra Quiñónez y que votó en las elecciones internas del Partido Colorado en violación de la ley.

“Para estar en el anillo central, para estar en los casos famosos, sí o sí tenés que estar sucio”, reflexionó, agregando que “la Fiscalía hay que desmantelar, es una asociación criminal, una cueva de sinvergüenzas”.

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Opinó que el nuevo fiscal general Emiliano Rolón, aunque tenga buenas intenciones, puede ser “devorado” por el sistema de corrupción dentro de la Fiscalía y propuso crear una ley que quite los “superpoderes” que ostenta el Ministerio Público.

“La investigación es función de la Policía, el monopolio de la acción penal pública es una leyenda”, dijo, agregando que esa usurpación de poderes es permitida porque “los políticos pillaron que era buenísimo controlar la Fiscalía”.

“Emiliano Rolón no va a poder, su fiscal operativa para el caso metrobús violó la ley, tiene que estar destituida inmediatamente. La denuncia del metrobús tuvo que ir a Delitos Económicos hace rato, creo que sigue en una unidad normal. Le van a tirar cáscaras de banana por más buena intención que tenga”, vaticinó Pankow.

“Me vienen encima”

Pankow afirma que dejó Paraguay para resguardar su seguridad luego de amenazas de muerte y una persecución en su contra por parte de la Fiscalía por denunciar irregularidades en obras públicas.

“Jiménez Gaona me vino con su jauría de fiscales a imputarme por falta de denuncia; yo denuncié el superviaducto y la causa fue desestimada de forma irregular”, dijo. “Me vienen encima porque dije que había un problema con los puentes en el país, las famosas barandas, y para callarme viene la Fiscalía a imputarme en 2017, sin llamarme a indagatoria”.

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Pankow fue sobreseído por esa causa en septiembre de 2018, pero la Fiscalía apeló ante la Corte Suprema, que anuló el sobreseimiento.

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