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Llamosas se reintegró en la fecha a la cartera fiscal luego de sus vacaciones y se puso al día con los temas pendientes, incluyendo una propuesta lanzada por su colega del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Nicolás Zárate, sobre la presión tributaria en Paraguay.
El titular del MEC dijo que la institución tiene cero presupuesto para la inversión y que la solución sería que la gente pague más impuestos, en ese sentido aseguró que con elevar 1% el impuesto al valor agregado (IVA) se lograría unos US$ 500 millones más para la educación.
El IVA tiene una tasa general del 10% y de 5% para productos de la canasta familiar, medicamentos y otros, lo paga el consumidor final al comprar los productos y bienes gravados con este tributo.
Un informe preliminar de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) al mes de diciembre, señalaba que en 2022 el IVA ingresó más de G. 8,6 billones (US$ 1.185 millones al cambio actual), lo que representó el 45,6% del total obtenido con los demás impuestos.
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Le consultamos al ministro sobre esta posibilidad de elevar impuestos, como el caso del IVA, la cual descartó que sea impulsada en lo que resta de este Gobierno.
Llamosas señaló que están más bien enfocados en implementar totalmente la reforma tributaria aprobada en 2019, aumentar los controles y lograr una mayor formalización de la economía, así como también mejorar la calidad del gasto público.
“Hasta agosto no existe ningún plan para aumentar los impuestos”, afirmó el ministro de Hacienda, a lo que agregó que será el nuevo gobierno que asuma el 15 de agosto el que decidirá de acuerdo a sus proyectos de desarrollo, determinar si encaminará o no una nueva reforma.
Reforma tributaria de 2019
La última reforma implicó la puesta en vigencia desde enero de 2020 de la Ley 6380/19, de modernización y simplificación del sistema tributario nacional.
Esta nueva legislación, entre otros aspectos, unificó el impuesto a la renta comercial, industrial y de servicios (Iracis) con el impuesto a la renta agropecuaria (Iragro) creando así el impuesto a la renta empresarial (IRE), a través del cual se estableció un criterio único de liquidación.
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Además, dentro del IRE se contempló un régimen simple y resimple para los pequeños y medianos contribuyentes; también el impuesto a los dividendos y a las utilidades (IDU); se limitaron las deducciones del impuesto a la renta personal (IRP) y se establecieron tasas diferenciadas; subieron levemente las tasas máximas del impuesto a tabacos y bebidas; se incluyó el impuesto a renta de no residentes y se introdujo algunos cambios en el IVA, entre otros aspectos.
Hacienda, en aquel entonces, había estimado una recaudación adicional de cerca de US$ 300 millones con la implementación total de las modificaciones impositivas, lo que no se pudo lograr todavía teniendo en cuenta que la pandemia afectó fuertemente las actividades económicas.
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La principal crítica de la ciudadanía sobre una suba de impuestos es que todo lo recaudado va a parar siempre en gasto salarial, a través de aumentos para los funcionarios o creaciones de nuevos cargos para la clientela política.
Los mayores fondos obtenidos no precisamente van para mejorar el servicio del Estado hacia la gente, como por ejemplo en educación, en donde el propio ministro del MEC señala que no dispone de recursos para invertir en las escuelas; y en salud, en donde la constante en los hospitales públicos es la carencia de medicamentos.