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La entidad menciona que la clasificación por funciones en el Presupuesto General de la Nación (PGN) hace referencia a los gastos del Gobierno Central de manera sectorial, lo que implica que las erogaciones se agrupan de acuerdo a los servicios prestados directa o indirectamente por el Estado.
Explica que el principal objetivo de ésta clasificación es presentar una descripción detallada sobre los servicios gubernamentales.
En ese contexto, indica que al realizar un análisis por componentes, se observa que el gasto social pasó de G. 7,5 billones registrado en el 2008 a más de G. 33 billones en el presupuesto vigente 2023.
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“Es decir, se ha multiplicado por 4,4. Por tanto, se puede inferir que se está destinando una parte importante de los recursos presupuestarios para dar respuestas a las necesidades de la población”, indica parte del informe.
Asegura que, “sin embargo, no se observan que estos objetivos sean cumplidos, a juzgar por los indicadores o resultados, especialmente en materia educativa y sanitaria, que van en franco retroceso”.
Presupuesto global 2023
El análisis refiere que el presupuesto global se cuadruplicó en el periodo 2023 con relación al año 2008 (los datos de la clasificación por funciones o funcional están disponibles desde el año 2007 según los informes financieros del Ministerio de Hacienda), en tanto que todas las funciones se han más que triplicado a excepción de la “Administración Gubernamental” que se duplicó.
También indica que en orden de importancia, se resalta la función de los “Servicios Sociales”, la cual acapara el 55% del PGN 2023, registrándose la misma tendencia en los años precedentes.
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Le siguen , las funciones de servicios económicos (13%), servicios de la deuda pública (12%), servicio de seguridad (10%), administración gubernamental (9%) y finalmente servicios de regulación y control (0,3%).
“Los Gastos Sociales son destinados principalmente a Educación, Salud y Promoción y Acción Social (equivalente al 77% del Gasto Social del Presupuesto). Los mismos tienen como objetivo permitir que los ciudadanos estén más formados, sanitados y menos vulnerables”, afirma.
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El informe menciona que si se incluye a la protección de los adultos mayores (Caja Fiscal y Transferencias) los gastos sociales ascienden al 95%, resultando el remanente para vivienda (2%), ciencia y tecnología (2%), relaciones laborales (1%) y otros (casi nulo).
El “Observatorio del Gasto Público” de Dende concluye en su informe que “un mayor Gasto Social debe traducirse en mejores indicadores de educación, mayor sanidad de la población, menor pobreza, más protección social, etc. “Lastimosamente los indicadores de desigualdad no han mejorado a pesar de los recursos presupuestarios destinados hacia el sector social”, puntualiza.