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El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Dr. Pedro Galli, conversó esta mañana con ABC y manifestó que los medios de comunicación tienen que tener la libertad no sólo de investigar, sino de tener una línea editorial independiente a los hechos sospechosos o llamativos cuya gravedad se va probando a lo largo de tiempo y no necesariamente de forma inmediata. “No se puede usar al Poder Judicial o al Ministerio Público como un garrote que esté persiguiendo a los medios de comunicación”, destacó el empresario.
Las declaraciones las brindó tras el fallo del juez Wilfrido Pereira en contra de la libertad de prensa, quien condenó al periodista Juan Carlos Lezcano y a la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo, por haber publicado críticas y cuestionamientos con respecto a la contratación directa que dispuso la Subsecretaría de Tributación del Estado (SET) a un organismo internacional para la actualización del Sistema de Gestión Tributaria Marangatu, durante la administración de Marta González Ayala al frente de la institución. Dicho organismo incluso terminó subcontratando a una empresa privada y las publicaciones -que datan de 2014- cuestionaban el uso de US$ 3 millones del dinero público sin que haya habido competencia y la adjudicación al ente del cual la misma González formaba parte.
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“Por supuesto que una persona que se sienta afectada por una nota, puede exigir su derecho a replica e incluso llegar a un juicio si cree que se vio afectada su imagen de manera tendenciosa. Ahora bien ¿Se hizo una compra directa como denunció ABC? ¿Qué dice la Contraloría? ¿Fue durante la administración de quién?”, se preguntó.
Durante el juicio, Pablo Seitz, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), afirmó en su comparecencia que la vía de la excepción se utilizó de forma indebida en el proceso de compra de la actualización del sistema. Incluso hay un dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) en el que concluyó que los argumentos de “urgencia impostergable” esgrimidos en su momento por la SET eran “insuficientes e infundados”.
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El Dr. Galli opinó que las objeciones observadas por el medio de comunicación referente a la compra directa y la postura del ente contralor fueron respondidas desde los artículos de ABC en el marco de una investigación, y una denuncia mediática que estuvo respaldada siempre.
Incluso bromeó con que no se le demande por opinar sobre el fallo.