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El lunes 31 de octubre, la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) prevé recibir las ofertas y abrir los sobres que las contienen como parte del proceso de la licitación pública para la concesión del juego denominado “apuestas deportivas”. El trámite desarrolla porque en mayo del 2023 fenece el contrato con la concesionaria actual, Daruma Sam SA (Apostala).
El juego tiene carácter de exclusividad y la concesión es por cinco años, conforme establece la Ley N° 1.016/97 del Régimen de Juegos de Azar. Se trata de un negocio de alrededor de US$ 900 millones durante toda la concesión, según fuentes consultadas de este sector.
El proceso se realiza en medio de un ambiente de desconfianza hacia la comisión, teniendo en cuenta que sus autoridades están acusadas por sus gestiones en la adjudicación de la quiniela, en la “regularización” del juego de tragamonedas y en la reducción del canon. Hasta la fecha todavía no se define si el caso va a juicio oral y tampoco se aprecian acciones que apunten a clarificar los hechos y a sanear la comisión.
El presidente de la Cámara Paraguaya de Juegos de Azar, Aníbal Salomón, opinó que el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) para el juego de apuestas deportivas está direccionado, pues entre los criterios de evaluación está el ítem “experiencia” y que esta sea sólo de una empresa nacional. “Se trata de una concesión de un juego que involucra apuestas de juegos del extranjero en un 95%, infraestructura física y software, además de experiencia. Acá hay sólo una empresa que cumple todos esos criterios”, dijo.
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Agregó que parte de las exigencias se podría cumplir en alianza con empresas extranjeros, pero Conajzar no permite consorcios con firmas del exterior, sólo entre empresas nacionales. Recalcó que el pliego está “demasiado apretado” para que los empresarios puedan calificar. “Por ejemplo, pide cien locales físicos y yo para qué tendría cien locales, sin siquiera tener todavía la adjudicación. Está al revés”, criticó.
Se intentó conocer la versión de la presidenta de Conajzar, María Galván del Puerto, pero no respondió a ABC. Cabe recordar que el pasado 22 de abril se presentó en mesa de entrada un pedido de audiencia de este diario y a la fecha, no ha sido respondida.
Por su parte, la concesionaria actual del juego Daruma Sam SA negó que el pliego le favorezca.
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“Estamos aplazados en juegos de azar”
La titular de la Asociación de Operadores de Juegos de Azar (Apoja), Lorena Rojas, lamentó el hermetismo de la actual administración de Conajzar, incluso a pesar del reciente informe del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que evidenció que “estamos aplazados en juegos de azar”, dijo.
Recordó que hace seis meses de la promulgación de la ley de tragamonedas, y afirmó que el gremio se puso a disposición para la reglamentación y difusión pero hasta ahora no hubo retorno. “El caso de la licitación de apuestas deportivas, ojalá hubiera sido dentro de un marco legal diferente pero sigue igual (de explotación de carácter exclusiva)”, dijo.
Reflexionó que entre una prórroga o una nueva licitación, consideró que es mejor una licitación. “Hay que seguir adelante para que Paraguay sea una opción seria a la hora de desarrollo una industria, para eso se tiene que cumplir la ley, pero la que se aprobó hace poco hoy es letra muerta”, recalcó.
Cabe recordar que el diputado José Rodríguez había reportado que venció el plazo de 90 días para la reglamentación de la ley de tragamonedas y solicitó informes a la Conajzar. La comisión respondió que notificó de la normativa a Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), para que ésta a su vez, informe a los municipios del país. Nada más se avanzó.
Conajzar y su característica falta de transparencia
Tampoco se percibe que haya voluntad para cumplir las disposiciones de la Ley N° 5.282 de Transparencia Gubernamental, que en su artículo 8° establece las informaciones mínimas que deben ofrecer todas las instituciones públicas. En reiteradas ocasiones ABC debió recurrir al Portal de Acceso a Información Pública (AIP) para acceder a documentos públicos, aún así obtuvo solo respuestas escuetas e incompletas, inclusive de la propia Conajzar, que decían que recurriéramos a la justicia para acceder a datos públicos.
Federico Legal, abogado y activista por el libre acceso a la información pública que está en poder del Estado, señaló que los ítems establecidos en el artículo 8 de la ley de transparencia constituyen la información mínima que el Gobierno debe proporcionar.
Señaló que con un resumen de los títulos de los documentos, como por ejemplo, del marco legal y los contratos, no se considera como cumplida la normativa. La transparencia se da al acceder al contenido del contrato y todos los detalles de la ejecución, pagos, mecanismos de control, principalmente.
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En el caso de Conajzar, recalcó la relevancia de acceder a los documentos porque se trata de concesiones de bienes del Estado para la explotación privada. “La ley no hace distinciones, por lo tanto, todos los documentos tienen que estar disponibles y de libre acceso”, recalcó el especialista.
Transparencia activa
La Secretaría Anticorrupción dispone en la web el portal transparencia.senac.gov.py/portal, en el que facilita documentos de información mínima (artículo 8) que exige la Ley N°5.282, discriminada por ítem e institución.
Llamativamente, Conajzar cuenta hoy con una calificación de 100%, luego del cero en transparencia que tuvo a finales del 2021. Sin embargo, al analizar los documentos que suministró puede comprobarse que no facilita la información tal como establece la normativa vigente en la materia.
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