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La mayoría de las autoridades de las instituciones públicas que acudieron ante la Comisión Bicameral de Presupuesto para exponer sus respectivos planes de gastos para 2023, puso énfasis en que necesitarán más recursos de los que se le asignó en el proyecto de presupuesto que el Poder Ejecutivo presentó a consideración del Congreso para su aprobación.
Los primeros en ir a la audiencia anunciaron que pedirán al Ministerio de Hacienda que remita adendas para aumentar sus gastos, mientras aquellos que acudieron en esta última semana solicitaron directamente a los legisladores de la bicameral que incluyan el aumento en sus presupuestos.
Las solicitudes, coincidentemente con la etapa electoral del país, tienen en común que gran parte se destinará a incrementar salarios de funcionarios, en creaciones de cargos, nombramientos de contratados, así como en el pago de beneficios extraordinarios.
Entre anuncios de adenda a ser planteados a Hacienda y pedidos de aumentos realizados directamente a la bicameral, el monto ya supera los G. 3,9 billones (US$ 558,6 millones), que podría dispararse todavía mas, atendiendo que para la próxima semana se prevé la visita de las autoridades de la Justicia Electoral y del Ministerio Público, entre otras entidades.
Principales aumentos planteados
Por mencionar algunos de los pedidos realizados para el próximo año: Petropar planteó US$ 280 millones para la compra de combustibles; la Corte Suprema de Justicia US$ 110,9 millones más para aumentos salariales, creaciones de cargos, nombramientos y otros gastos; la Universidad Nacional de Asunción (UNA) US$ 92,3 millones más para nivelación salarial, beneficios al personal, creaciones de cargos, e inversiones.
Estos incrementos planteados para el ejercicio fiscal 2023 se suman al paquete de leyes que está en estudio en el Congreso para reducir impuestos y ampliar gastos en el presente ejercicio 2022, que de aprobarse tendrá un impacto en las finanzas públicas de US$ 1.800 millones.
Hay 28 proyectos en estudio actualmente en el Parlamento que, por un lado, reducirán la recaudación del fisco al bajar los impuestos o eliminar su aplicación a determinados productos; y, por el otro, aumentarán los gastos rígidos, como salarios, creación de cargos, indemnización a exobreros de contratistas de Itaipú, de Puertos, equiparación de haberes de jubilados de la Caja Fiscal al sueldo de los activos, entre otros.
Llamosas ratifica veto a ampliaciones
El ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, reiteró ayer en Palacio de Gobierno que, de aprobarse este paquete, afectará a las finanzas públicas y a la economía en su conjunto, lo que nos hará retroceder 20 años (cuando el Estado entró en cesación selectiva de pago).
Llamosas también ratificó que el Ejecutivo vetará todas las iniciativas que no tengan sustento de financiamiento y a través del plan financiero y del plan de caja recortarán los gastos de las entidades, porque no hay recursos adicionales para cubrir una mayor erogación. En ese sentido, dijo que el gobierno actual podrá administrar esta coyuntura, pero que el próximo gobierno que asumirá en 2023 no tendrá otra opción que plantear la suba de los impuestos.