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El ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, reiteró ayer a ABC su preocupación porque el Congreso está aprobando el aumento de gastos rígidos sin sustento financiero, como es el caso de la ampliación que otorgan a la Contraloría General de la República y al mismo Parlamento.
La ampliación obliga al pago de beneficios adicionales a los funcionarios de la Contraloría y otorga fuertes aumentos salariales a los funcionarios del Congreso, decisiones que tendrán un costo adicional total de G. 31.456 millones (US$ 4,4 millones) que financiarán con los impuestos que paga la ciudadanía.
Ambas ampliaciones fueron vetadas por el Poder Ejecutivo, porque el Tesoro no dispone de recursos adicionales, pero estas objeciones fueron rechazadas el último jueves por la Cámara de Senadores por unanimidad y en plena etapa electoral.
Llamosas ratificó que el Ejecutivo seguirá vetando todas las iniciativas que salgan del Congreso sin sustento en cuanto al financiamiento y en los casos de vetos rechazados, para su aplicación tendrán que recortar gastos en la misma proporción mediante el plan financiero o el plan de caja.
Alertó, sin embargo, que estas ampliaciones están saliendo de un paquete total que tendrá un impacto de US$ 1.800 millones en las finanzas públicas, que incluye aumentos de gastos, principalmente rígidos, y reducción de los ingresos tributarios debido a la disminución de las tasas o ampliación de deducciones.
“Esto es demasiado grande, va a tener un impacto que no vamos a poder administrar nosotros con las herramientas que tenemos”, dijo con referencia al plan financiero o plan de caja que utiliza habitualmente la cartera para acomodar los gastos a los ingresos recaudados.
Nuevo gobierno deberá tocar impuestos
Añadió que si el Parlamento llegara a promulgar el referido paquete de iniciativa de los legisladores, de US$ 1.800 millones, de alguna manera se buscará administrar en este gobierno, pero para el gobierno que asumirá en agosto del próximo año no verá otra salida que “tocar el sistema tributario, porque el monto es inviable, es mucho dinero”.
El titular de Hacienda explicó que muchas de las ampliaciones que están en estudio impactarán en el próximo presupuesto 2023, y para siempre, debido a que se trata de aumentos salariales y creaciones de cargos.
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Además indicó que las ampliaciones puntuales para este 2022 también impactarán en la ejecución del presupuesto de otras entidades públicas. cuyos gastos deberán recortar para cumplir con los gastos rígidos aprobados.
Manifestó que esta situación obliga a elaborar un nuevo plan financiero y plan de caja y que, lastimosamente, afectarán a otras entidades públicas que no tienen nada que ver con esto, más aún porque al Congreso no se le puede aplicar estas herramientas financieras, porque siempre se exceptúan, a pesar de que la ley de administración financiera rige para todos.
Ratifican plan de déficit fiscal
Llamosas reconoció que todo esto pone en riesgo la plan de convergencia fiscal, pero dejó en claro que el gobierno de Mario Abdo Benítez va a cumplir con el mencionado plan que prevé para este año un déficit de 3% y para el próximo de 2,3%. “Eso es innegociable, nosotros fuimos muy claros ya desde el año pasado, vamos a cumplir estrictamente la meta fiscal”, aseguró.
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Explicó que no se puede seguir manteniendo por mucho tiempo el déficit por encima de lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal, de 1,5% del PIB, porque nos va a llevar a una situación financiera muy complicada y generará un daño mayor a la economía en su conjunto.
Defendió la prudencia ante estas iniciativas parlamentarias y recordó que estamos a un peldaño del grado de inversión, en un momento en que si tomamos las decisiones correctas el país puede avanzar y multiplicar las inversiones, pero si se toman decisiones incorrectas, como este paquete de US$ 1.800 millones, no será una ficción decir que pueden haber atrasos en el pago a proveedores y en el salario de los funcionarios.