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El juez Humberto Otazú, especializado en Delitos Económicos, fijó la audiencia preliminar para los siete acusados en los casos de tragamonedas, quiniela y reducción del canon, aparentes hechos de corrupción que salpica a autoridades de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). La diligencia se planificaron desarrollar el 8, 9 y 10 de agosto próximo.
Los acusados son Rubén Antonio Roussillón Blaires, integrante de Conajzar y gobernador de Presidente Hayes, y Carmen Corina Alonso, titular de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) y precandidata al Senado por el movimiento Fuerza Republicana del vicepresidente Hugo Velázquez.
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Entre las exmiembros de la comisión acusadas están José Antonio Ortiz Báez, Omar Rodrigo Mongelós González, Raúl Mariano Silva Busto, Ricardo Núñez Giménez (hermano del diputado Basilio “Bachi” Núñez) y precandidato a gobernador de Presidente Hayes por el movimiento Honor Colorado del exmandatario Horacio Cartes.
También se encuentra acusado el directivo de la empresa TDP SA (explotadora de la quiniela), Álvaro Wasmosy Carrasco, hijo del expresidente Juan Carlos Wasmosy.
Cabe señalar que el exprocurador de la República, Sergio Coscia, fue beneficiado con el sobreseimiento provisional. También es precandidato al Senado y es apoderado del movimiento oficialista Fuerza Republicana.
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Las causas investigadas
La fiscala María Stefanía González consideró que no existen dudas referente a la comisión de hechos punibles de los siete acusados en la gestión de juegos de azar. Se trata de tres regulaciones, que son la “regularización” de tragamonedas en sitios prohibidos, la adjudicación de la quiniela a una empresa morosa del fisco y la reducción del canon a concesionarias de Conajzar.
El Ministerio Público acusó y pidió juicio oral a Ortiz, Alonso y Núñez por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, usurpación de funciones públicas, prevaricato y exacción; a Mongelós y Rousillón por lesión de confianza, prevaricato y exacción; y a Wasmosy, declaración falsa.
Cabe recordar que la investigación surgió tras la denuncia de legisladores, a mediados de agosto del año pasado.
