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El Ministerio Público, cuya fiscala general es Sandra Quiñónez, deberá presentar en las próximas horas el requerimiento conclusivo en la causa abierta por lesión de confianza en los casos de juegos de azar. La Fiscalía definirá si solicita elevar o no la causa a juicio oral, ya que hasta el momento no se solicitó prórroga para seguir investigando.
Por la causa se encuentran procesados Rubén Rousillón Blaires, miembro de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) y Carmen Corina Alonso, titular de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) y precandidata al Senado por el movimiento Fuerza Republicana del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.
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También, José Antonio Ortiz, Omar Mongelós, Ricardo Núñez Giménez y Raúl Silva Busto, exintegrantes de Conajzar. Álvaro Wasmosy Carrasco, directivo de TDP SA (explotadora de la quiniela), y el exprocurador de la República, Sergio Coscia.
La investigación está a cargo de la fiscala María Estefanía González, quien consideró que existen elementos que evidencian violación de la normativa vigente por parte de las autoridades de Conajzar al “legalizar” tragamonedas en sitios prohibidos, adjudicar la quiniela a una empresa morosa del fisco y reducción del canon a concesionarias.
A Wasmosy lo procesó por el hecho punible de declaración falsa al no estar al día en el pago de tributos y a Coscia por un dictamen al respecto cuando era procurador. La semana pasada Wasmosy impugnó la resolución por la cual se le confirmó a la fiscala González en la causa y Alonso también la recusó. Por este motivo, Quiñónez conformó un equipo de trabajo con los fiscales Laura Giacomo, Natalia Silva y Luz Guerrero.
Referente a las máquinas días atrás Conajzar revocó la resolución por la que la “regularizaba” en comercios de libre concurrencia, alegando la existencia de una “nueva ley” de tragamonedas e ignorando dictámenes que advertían de su ilegalidad de la Contraloría General de la República (CGR), Secretaría Anticorrupción (Senac) y hasta de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci).
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Con relación a la quiniela, se trata del pago de la tasa correspondiente para el sostenimiento de los beneficios para los veteranos de la Guerra del Chaco y sus herederos, establecido por Ley N° 431/73. La Fiscalía incautó documentos para verificar comprobantes que evidencien los depósitos, se supo.
Rodrigo Yódice, defensor de Raúl Silva, cuestionó que la fiscala no precisó en la imputación la responsabilidad de cada procesado.
