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“Se demostró en juicio que las obras comprometidas se hicieron en los colegios y escuelas, han prestado declaración las directoras quienes confirmaron que se hicieron las obras y manifestaron estar satisfechas todas. No se demostró la existencia del “perjuicio patrimonial” lo cual es necesario para este tipo de delitos” resaltó el abogado Álvaro Arias.
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“El intendente Roberto Cárdenas se limitó a suscribir un contrato y a suscribir los cheques. Además de todo esto existe un informe de la Contraloría General de la República que refiere la aprobación de la gestión en cuanto a la construcción de las obras en las distintas instituciones educativas” señaló el abogado defensor.
Luego enfatizó: “El artóculo 281 de la Constitución Nacional crea la Contraloría General de la República y es el órgano de control de las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades, pues bien, la Contraloría controló estas obras y su dictamen fue positivo”.
Por último, la defensa destacó que la Fiscalía en su acusación y en los alegatos iniciales manifestó que el perjuicio patrimonial ascendió a 800 millones de guaraníes, sin embargo en los alegatos finales señaló que el perjuicio patrimonial superó los 1.200 millones de guaraníes, violando así el principio de congruencia y la defensa en el juicio.
A su vez el abogado David Florentín se adelantó en señalar que la fiscalía pretende una prisión preventiva basada en que Cárdenas tiene otras dos condenas. Sin embargo, indicó, esas penas son objeto de estudio en la Cámara de Apelaciones.
Lo que alegó la fiscalía
Según la fiscalía, la comuna lambareña sufrió un perjuicio patrimonial de casi G. 900 millones, perpetrado a través del direccionamiento para que constructoras realicen obras en 15 instituciones educativas, que luego fueron calificadas de deficientes.
Los fiscales también requirieron para el exdirector de Administración y Finanzas del municipio lambareño Guido Fernando Salcedo la pena de 8 años de cárcel. Con relación al encargado de la Dirección de Obras de la Comuna, Carlos María Mendieta Candia, y al constructor Alejandrino Duarte Centurión, titular de la empresa ADC Construcciones, la Fiscalía solicitó la imposición de 3 años de cárcel, porque tienen responsabilidad atenuada al estar acusados en condición de cómplices y no de autores, explicaron los fiscales.
La defensa de Salcedo también pidió durante la jornada de juicio oral y público la absolución de reproche y culpa.
El lunes alegarán los defensores de Mendieta y Centurión. Luego se pasará a la etapa de réplica y dúplica. Finalmente los acusados tendrán la oportunidad de dirigirse al tribunal y luego las juezas Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Elsa García pasarán a deliberar lo que será la sentencia.