El exdelantero de clubes como PSG, Barcelona y AC Milan, que se negó a acudir en las dos ocasiones anteriores en las que fue citado a declarar por la comisión parlamentaria y llegó a ser amenazado con ser conducido a la fuerza por la policía, negó todas las acusaciones en su contra en más de dos horas de interrogatorio ante los legisladores.
La comisión de la Cámara de Diputados que investiga fraudes con pirámides financieras decidió convocar al exfutbolista a interrogatorio debido a que su nombre y su imagen fueron utilizados por los dueños de la empresa “18K Ronaldinho” para captar recursos de inversores a los que prometían enormes intereses con la compra de criptomonedas y a los que terminó estafando.
El exfutbolista afirmó ante los legisladores que firmó un contrato con los propietarios de la empresa "18K Ronaldinho" exclusivamente para promover una marca de relojes.
Agregó que el contrato fue negociado por su hermano y representante, Roberto de Assis Moreira, y que tan sólo estuvo dos veces con uno de los socios de la citada empresa cuando filmaba un comercial para promover los relojes.
Afirmó que nunca autorizó a dicha empresa a usar su nombre o su imagen para promover negocios financieros ni para ofrecer criptomonedas, y que sólo se enteró de que los socios venían usando ambos indebidamente cuando la Fiscalía abrió una investigación sobre la estafa.
"Usaron mi nombre sin autorización para crear otra empresa. Incluso ya fui escuchado por la Fiscalía y por la Policía en la condición de testigo por las investigaciones sobre el fraude. También fui una víctima. Jamás tuve participación en esa empresa y jamás autoricé el uso de mi nombre o de mi imagen", afirmó.
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Al ser interrogado por el instructor de la comisión parlamentaria, diputado Ricardo Silva, sobre las medidas que adoptó cuando supo que su nombre había sido usado para promover la venta de criptomonedas, Ronaldinho admitió que no lo denunció a la Policía ni presentó ninguna demanda contra sus socios.
El exfutbolista aclaró que, así como manejan sus negocios y sus finanzas, su hermano y sus abogados fueron los que se encargaron de responder a las denuncias.
Pese a sus negativas, Ronaldinho Gaúcho figura como imputado en un proceso abierto por cientos de inversores que piden una indemnización de 300 millones de reales (unos 61,5 millones de dólares) por las pérdidas que sufrieron por confiar en un producto financiero promovido con la imagen del exfutbolista.
Pese a su alegada intención de aclarar las acusaciones en su contra, el exatacante del Barcelona se negó a responder la mayoría de las preguntas de los legisladores amparado por una sentencia en que la Justicia lo autorizó a no responder preguntas que pudiesen incriminarlo.
Además de haber sido amenazado con ser conducido a la fuerza al Congreso, el exfutbolista acudió este jueves al interrogatorio luego de que la Policía, ante una orden del Parlamento, se presentó en su residencia para retenerle el pasaporte.