Reiteran por cuarta vez orden de captura de empresaria vinculada a Ronaldinho

ASUNCIÓN. La Fiscalía paraguaya le solicitó este martes a la Justicia reiterar, por cuarta vez, la orden de detención contra Dalia López, la empresaria que supuestamente encargó los pasaportes falsos con los que ingresaron a Paraguay el brasileño Ronaldinho Gaúcho y su hermano, que por ese motivo cumplieron varios meses de prisión preventiva.

Dalia López en una foto de archivo.
Dalia López en una foto de archivo.ABC Color

Se trata de una nueva solicitud al juzgado para que sea comunicada a la Policía Nacional y a la Interpol, que sigue sin encontrar a la empresaria paraguaya Dalia López, prófuga desde marzo de 2020 y sobre quien pesa también una orden de captura internacional.

El pedido se realiza un día después de que la Policía Nacional informara sobre el hallazgo de un vehículo abandonado en el estacionamiento de un centro comercial de Asunción, registrado presuntamente a nombre de López.

“Acabamos de reiterar la orden de captura nacional e internacional, justamente a partir de lo acontecido ayer, de visualizarse o ubicarse presumiblemente algún bien automotor de esta persona, que está con rebeldía hace mucho tiempo”, comentó el juez Gustavo Amarilla en un conversación telefónica con el medio ABC Cardinal.

Amarilla aseguró que "en todo este tiempo" tan solo recibió dos pedidos de la Policía Nacional para realizar allanamientos que permitan ubicar el paradero de la prófuga.

López, que contrató a Ronaldinho para que tomara parte en un acto benéfico en Paraguay, fue imputada en esas fechas por producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.

La Fiscalía señala a López como "presunta integrante de una organización criminal estructurada de modo tal a facilitar la elaboración y utilización de documentos de identidad y pasaportes de contenido falso" con el fin de "generar negocios jurídicos y/o beneficios patrimoniales"

Las imputaciones de Ronaldinho y su hermano derivaron en procesamientos a una veintena de personas, entre ellas gestores y funcionarios de Migraciones y de la Dirección de Identificaciones de la Policía Nacional supuestamente vinculados a la manipulación de documentos.

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