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Hasta allí la tarea correctiva parece apropiada, pero lo que no se explica es porque no se adjudicó rápidamente dicha diferencia a favor de otras familias que sí califican dentro del nivel de indigencia exigido (nuestro país cuenta con más de 1.300.000 pobres extremos), ya que para ello ni siquiera haría falta tocar el presupuesto vigente sino simplemente redireccionar los aportes.
Seguramente habrán explicaciones burocráticas que intentarán justificar tal torpeza pero en realidad estamos ante un extraño concepto de la eficiencia, privando a casi 27.000 familias de un beneficio que marca la diferencia entre dar de comer o no cada día a sus hijos.
Todos sabemos que los planes asistenciales no pueden ser eternos, pero mientras no se modifiquen substancialmente las reglas de juego económicas de nuestra sociedad, -aplicando una reforma fiscal con verdadera justicia tributaria-, conduciéndonos a una redistribución más equitativa de nuestras riquezas, el Estado está obligado a satisfacer las necesidades elementales de alimentación, salud, educación y techo de los sectores más desprotegidos.
“El mejor subsidio es el trabajo digno” afirman todos los textos que defienden un modelo económico destinado a buscar el bienestar de la gente y no solo de algunos grupos privilegiados, pero mientras se alcanza dicho status habrá que aplicar medidas como Tekoporâ para que ninguna persona nacida en esta tierra pase hambre. El Paraguay produce granos para alimentar a 50 millones de personas, pero no puede satisfacer la demanda alimenticia de 1 millón 300 mil compatriotas. Una vergüenza.
Preguntamos: ¿Por qué no se incluyeron nuevas familias en situación de pobreza extrema hasta completar las 115 mil de la era Lugo en sustitución de aquellas que fueron sacadas del programa? Y sobre todo, en plena época electoral: ¿Qué se está haciendo con el dinero que no se está repartiendo entre esa diferencia de casi 27 mil familias no asistidas?
Si el actual gobierno del PLRA quiere enviar un mensaje de verdadero interés social que favorezca a su candidato Efraín Alegre esta no parece ser la mejor vía. Reducir beneficiarios de cualquier plan de combate contra la acuciante extrema pobreza en un país que piensa crecer más del 10% este año es de una temeridad incalculable. Y no somos pocos los que interpretamos en este tipo de gestos la insensibilidad espantosa que habitualmente adorna la doctrina neo-liberal.
La verdadera eficiencia administrativa llegará recién el día que podamos poner el Estado al servicio de los más necesitados, otorgándole a estos sectores la anhelada igualdad de oportunidades. El resto seguirá despertando sospechas justificadas de un brutal desprecio por aquellos sectores a los que buscamos solamente para cada elección.