La cuestión de la transparencia está en la agenda del día, pero no cuando se trata de Itaipú. Por un lado, el Congreso avanza campante en la lucha por supuestamente transparentar el uso de fondos por parte de organizaciones privadas sin fines de lucro (ya transparentados y que rinden cuentas), por medio de la Comisión Bicameral de Investigación, conocida como la “Comisión Garrote”.
El pasado mes de mayo los gobiernos de Paraguay y Brasil difundieron su acuerdo sobre la tarifa que regirá para Itaipú en los próximos años de 2024, 2025 y 2026. Como de costumbre, el gobierno paraguayo anunció este hito como un logro histórico, tratando de apaciguar los polémicos antecedentes de este acuerdo.
Si bien el valor de la tarifa es un aspecto importante en el abanico de oportunidades que representa Itaipú, la tarifa y su valor como tal – y el supuesto debate sobre su aumento o reducción - no son el centro de la cuestión.
En las últimas semanas viene trascendiendo que las negociaciones entre Paraguay y Brasil respecto a la tarifa anual para Itaipú están ante un impasse, en el cual Brasil está pujando por bajar el valor de la tarifa, mientras que Paraguay está buscando aumentarla.
Otro año se termina sin conocerse la estrategia paraguaya para Itaipú. Es importante recordar que no es otra fecha más, sino el paso de un año donde Itaipú celebró sus bodas de oro, y tras el cual quedó habilitada oficialmente la posibilidad de revisar las bases del Anexo C.
Estamos a puertas del inicio del Anexo C del Tratado de Itaipú. Esta semana el gobierno anunció la suspensión de la primera reunión oficial para iniciar las tratativas de la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú hasta nuevo aviso.