La “marcha por la Justicia contra todas las Injusticias”, que impulsan dirigentes de la oposición desde el próximo domingo y hasta el jueves 21 de noviembre será un primer ensayo para testear el sentir ciudadano en este momento preciso de nuestro devenir.
El plan de quienes están ahora en el poder es sencillo y está a la vista: que todo siga como en los últimos años, con repartija de cargos públicos para los leales, manipulación de los tres poderes del Estado e instituciones extrapoder, difamar y perseguir a los críticos y aprovechar la ocasión para hacer negocios con información privilegiada y dinero del Estado.
El lanzamiento precipitado por parte del oficialismo de la candidatura a presidente del actual vicepresidente Pedro Alliana para el periodo 2028-2033, puede interpretarse de diversas maneras. Tal vez solo sea un intento de desviar la atención ante el tendal de noticias negativas contra la actual administración, que exponen diariamente ante la opinión pública la avidez de varios referentes del Gobierno por beneficiarse en forma particular del dinero público.
La reacción desproporcionada del presidente Santiago Peña ante una consulta periodística, personificando a un grupo empresarial en un periodista, revela un desequilibrio y una carencia de argumentos preocupante para alguien con el cargo de mandatario de un país.
La acalorada discusión pública que tuvieron días pasados el senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) y el intendente capitalino, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), en la que se revelaron mutuas miserias, puede verse como una pintura de nuestra realidad política.
La reunión, el pasado lunes, de la llamada Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero, conocida popularmente como “comisión garrote”, puso en escena la suerte de trastorno de identidad disociativo o esquizofrenia en la que viven adherentes y conversos al gobierno cartista.
Con la designación del senador Hernán Rivas (ANR-HC) como integrante de la Comisión Nacional que estudiará y acompañará las negociaciones con el Brasil del anexo “C” del tratado de Itaipú, el cartismo reitera su conocida actitud desafiante y de desprecio a las instituciones.