El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) reactivó el cuestionado llamado a licitación para el arrendamiento de máquinas de votación (ID N° 476307) por US$ 34 millones, luego de estar suspendido 10 días por las protestas presentadas contra el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) por la empresa coreana Myru Systems Co. Ltd. y las locales Bypar SA y Smartline SA.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), a través de la Resolución N° 3645/25 del 10 de noviembre de 2025, dio lugar solo a 11 de los 35 aspectos protestados por las empresas y ordenó la modificación del PBC en virtud del borrador de la Adenda N° 1 remitido por el TSJE, que insistió en que los requerimientos responden a la premura previa a las municipales del 2026.
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La DNCP avaló la flexibilización de la experiencia, al reducirla a dos o más procesos electorales, entre otros aspectos principalmente administrativos, ordenando así el cierre de esos puntos de protesta y el levantamiento de la suspensión.
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Desde el inicio del llamado, hay denuncias de direccionamientos a favor del Consorcio Comitia-MSA, ligado al entorno del presidente Santiago Peña.
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