Un obrero murió anoche tras derrumbarse sobre él parte de un techo que estaba taladrando, en el marco de la demolición de un depósito del Mercado 4.
El fiscal de la causa, Hernán Galeano, confirmó que el sitio presentaba condiciones riesgosas para los trabajadores, conforme a las verificaciones que realizaron. Acotó que el lugar fue clausurado de manera temporal.
“La certeza que tenemos es que una persona que perdió su vida a consecuencia de un derrumbamiento de un techo que no estaba bien apuntalado. Evidentemente, era un lugar de trabajo peligroso y no se tomaron las medidas de seguridad correspondientes. Es lo que tenemos ahora y tenemos que investigar y recoger los elementos objetivos para sostener toda esa hipótesis”, señaló.
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Investigación sobre la solicitud de demolición
El agente del Ministerio Público explicó que están verificando si el arrendatario de la estructura o el contratista habrían presentado la solicitud de demolición del edificio ante la Municipalidad de Asunción.
“Estamos solicitando a la Municipalidad toda la información sobre la aprobación de esta demolición: los planos, los técnicos responsables y las medidas adoptadas. Hasta donde entendemos, aparentemente ese trámite no se había realizado, y eso es lo que estamos investigando y verificando en este momento”, mencionó.
Apuntó que requirió un informe oficial a la Comuna para confirmar si existieron permisos formales de demolición y determinar la titularidad del inmueble, así como el eventual contrato de arrendamiento.
A su vez, verificaron si no se trata del inmueble en peligro de derrumbe que un perito recomendó demoler y la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez hizo caso omiso durante dos años, según hizo constar en su informe el interventor Carlos Pereira.
Calificaciones penales y expectativa de pena
Galeano también adelantó las posibles calificaciones jurídicas del proceso: homicidio culposo y exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos.
Explicó que, en caso de comprobarse los indicios, los responsables se enfrentarían a penas de hasta cinco años de cárcel.
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Asimismo, el fiscal refirió que la causa se encuentra en etapa preliminar y aún deben realizarse pericias técnicas, incluida probablemente la intervención de ingenieros civiles, para evaluar las condiciones estructurales del depósito.
Insistió en que todas las hipótesis están abiertas y que las responsabilidades penales se delimitarán tras el análisis de la documentación que provea la Municipalidad y de las diligencias técnicas.