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Los fiscales Osmar Legal, Francisco Cabrera, Jorge Arce y Diego Arzamendia pidieron que se rechace el incidente planteado por las defensas del propietario de Imedic Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira Pascottini (presidenta de la firma) y se ratifique al Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos integrado por Elsa Garcia (presidenta), Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza para juzgar la causa penal por supuesto contrabando de los insumos chinos.
En la primera jornada del juicio oral, los abogados César Alfonso, defensor de Patricia Ferreira, y Marcio Battilana, por la defensa de Justo Ferreira, argumentaron que la causa penal es por supuesto contrabando de 50 camas hospitalarias eléctricas, que alcanzan G. 120 millones, y el colegiado especializado en Delitos Económicos tiene competencia en casos que superen 5.500 jornales, es decir, unos G. 540 millones.
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En ese sentido, Alfonso planteó la unificación de la presente causa con el proceso que afronta la presidenta de Imedic por el supuesto ingreso irregular de medicamentos oncológicos al país, cuyo juicio oral está fijado recién para agosto de este año, a cargo del tribunal ordinario presidido por la jueza Laura Ocampo.
Padre e hija están acusados junto al despachante de Aduanas Carlos Gamarra por los supuestos hechos punibles de contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. Los otros enjuiciados son los funcionarios aduaneros Guillermo Molina Camp y Gustavo Acosta Acosta.
Argumentos sobre competencia de tribunal para juzgar caso Imedic
Al contestar los incidentes de las defensas, los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción pidieron rechazar el incidente de excepción de falta de competencia, con el argumento de que el monto que se debe tener en cuenta no es el del presunto perjuicio, alrededor de G. 120 millones, sino el valor de la carga completa, que es alrededor de 142.500 dólares, que supera ampliamente los 5.500 jornales.
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El Ministerio Público también pidió al colegiado de sentencia que rechace el incidente de acumulación de la presente causa penal con el caso de los “medicamentos oncológicos”, con el fundamento de que son hechos distintos y los acusados no son los mismos.
Los fiscales peticionaron además el rechazo de los incidentes de nulidad de la acusación fiscal y el auto de apertura a juicio oral, que pidieron las defensas con el argumento de una supuesta falta de determinación de la producción de documentos no auténticos y la asociación criminal.
El juicio oral continuará el próximo jueves (4 de mayo), desde las 8:00, con la contestación de los incidentes por parte de las distintas defensas. Posteriormente, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos resolverá los distintos planteamientos.
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Presunto contrabando de camas hospitalarias durante la pandemia
Según la acusación del Ministerio Público, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19, Imedic SA debía proveer al Ministerio de Salud Pública mascarillas con filtro por G. 33.660.000.000, trajes para riesgos biológicos por G. 14.080.000.000 y camas manuales para pacientes por G. 212.500.000, totalizando la suma de G. 47.952.500.000.
El 18 de abril de 2020 arribaron a Paraguay no solamente las 400 camas solicitadas, sino 450, y el excedente (50) eran camas de alta gama (eléctricas) que no estaban previstas en los papeles, pero aun así ingresaron al país, según detalla la acusación del Ministerio Público.
La fiscalía agrega en su acusación que el ingreso de las 50 camas fue posible porque el despachante Carlos Alberto Gamarra utilizó la Guía Aérea HKGA008325, que durante la investigación fiscal se comprobó que no era auténtica.
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La tan esperada carga de insumos para luchar contra la pandemia de covid-19 había llegado en la segunda quincena de abril de 2020, pero la gran mayoría de los ítems fue rechazado por el Ministerio de Salud Pública porque no cumplía las especificaciones técnicas requeridas; de igual manera, la estatal no suspendió el contrato.