El Gobierno de Ecuador plantea la creación de un registro confidencial de personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sexuales a fin de “prevenir su participación en actividades que los vinculen con niños, niñas y adolescentes”.
Así lo informó la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, tras recordar que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, presentó a estudio una reforma constitucional para permitir la castración química a violadores en el marco de sus iniciativas para endurecer penas contra delincuentes y criminales en el país andino.
“Pensaron que el poder los iba a proteger. Como antes, como siempre. Esta vez no: los violadores merecen la castración química y pagar con la cárcel”, publicó Noboa en la red social X.
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La petición deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional (Parlamento), una vez haya dado el visto bueno la Corte Constitucional, el máximo tribunal de garantías del país andino.
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“El país necesita saber quiénes están verdaderamente con las víctimas y quiénes dispuestos a proteger abusadores”, dijo Noboa.
En su rueda de prensa semanal, Jaramillo recalcó que -de aprobarse la reforma- la medida aplicará “para quienes tengan sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación”.
Se busca establecer “un marco legal riguroso y técnicamente regulado”, señaló la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.
Legislación actual
Actualmente el delito de violación sexual está penado en Ecuador entre 19 y 22 años de prisión, tiempo que puede incrementarse en caso de existir agravantes.
Se trata del primer planteamiento formal de legalizar la castración química en Ecuador, donde previamente se había sugerido en ciertos momentos sin llegar a materializarse en una reforma concreta.