El gobierno brasileño entregó un informe confidencial con presuntas explicaciones sobre el incidente del espionaje en Itaipú y así se dio por zanjado el insólito impasse que mantuvo por ocho meses interrumpidas las tratativas para la renegociación del Anexo C del Tratado, increíblemente por iniciativa del Gobierno paraguayo, cuando Paraguay necesita de esa renegociación mucho más que Brasil. ¿O no? Todo depende de qué Anexo C se esté planificando: uno que restituya plenamente los relegados derechos nacionales en Itaipú o uno que cambie algo para no cambiar nada. Lamentablemente, los indicios no son halagüeños.
La única realidad en Itaipú es que, hasta el día de hoy, Brasil se queda con el 100% de los excedentes energéticos paraguayos a cambio de una “compensación” arbitraria, totalmente divorciada del precio de la energía en el mercado regional. Esta situación se ha prolongado por más de 41 años, desde que la central comenzó a producir en 1984. Hasta junio de este año, el volumen de cesión paraguaya al Brasil fue de 1.235.668 gigavatios/hora, suficientes para cubrir el consumo paraguayo durante 55 años, al irrisorio precio medio de 4,4 dólares el megavatio/hora.
Históricamente, Brasil se ha reafirmado en dos argumentos principales para mantener el statu quo. Uno es el “pacta sunt servanda”, lo que se firma se cumple. El otro es que, supuestamente, Brasil financió la construcción de la central y Paraguay “solo puso el agua”. Los dos argumentos son profundamente cuestionables, cuando no directamente falsos, pero, en todo caso, ambos han dejado de existir. La exorbitante deuda por la construcción de la central se terminó de pagar en febrero de 2023, y el 13 de agosto del mismo año, en coincidencia con la toma del poder de Santiago Peña, se activó el plazo de renegociación al cumplirse 50 años desde la entrada en vigencia del Tratado.
Por ese motivo, se daba por descontado que la gran prioridad de este Gobierno sería desde el día uno la renegociación del Anexo C. Brasil estaba preocupado por ello, según lo llegaron a admitir públicamente sus altos funcionarios, y fue justamente esa la razón por la que pusieron en marcha un operativo de espionaje, para intentar conocer de antemano cuál sería la posición paraguaya en un tema sensible para sus intereses. Sin embargo, ya estamos casi en 2026 y todo sigue exactamente igual, claramente en detrimento del Paraguay.
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En primer lugar, contrariamente a lo que se creía, el Gobierno de Santiago Peña no le dio prioridad a la renegociación del Anexo, sino a la obtención de una tarifa en Itaipú superior al costo básico con el fin de generar una diferencia en “fondos socioambientales” a dividirse en partes iguales entre los dos países. Se llegó a un acuerdo en ese sentido en mayo de 2024, con beneficios muy dudosos para nuestro país, a la par de poner en serios aprietos financieros a la ANDE, que por ello está a punto de subir su propia tarifa al consumidor.
Supuestamente, se obtienen 650 millones de dólares en “fondos socioambientales” al año hasta 2027, pero la opinión pública paraguaya no conoce cuál es el monto real, cuál es el nivel de ejecución, cómo y en qué se gasta, a quiénes se adjudican los contratos, a qué precios, en un proceso plagado de escándalos, como el sonado caso de los pupitres chinos.
Últimamente ha saltado una nueva controversia al filtrarse un presupuesto de 850.000 dólares para gastos navideños en Alto Paraná, cuando el país tiene prioridades mucho más urgentes. Para colmo, el “asesor de comunicación” de Itaipú margen paraguaya, José Luis Rodríguez Tornaco, tuvo la insolencia de sacárselo en cara a los paraguayos.
“No consideramos seria la crítica de que Itaipú debería invertir en salud cuando llevamos entregados 30 mamógrafos, vamos por 217 ambulancias, equipamos hospitales en Coronel Oviedo e Itapúa, estamos construyendo el hospital de Curuguaty, el de Mariscal Estigarribia, Pilar, Concepción, dato mata relato”, dijo literalmente, en primera persona, como si el dinero fuera de ellos. Lo mínimo que les corresponde hacer ahora es entregar a la ciudadanía pormenorizados detalles de cada uno de esos contratos, con especificaciones, montos, contratistas, nombres y apellidos.
En segundo lugar, el Anexo C quedó totalmente en segundo plano, al punto de que han pasado más de dos años desde que se cumplió el plazo y no se le ha cambiado una coma. El ministro de Industria, consejero de Itaipú y uno de los principales negociadores, Javier Giménez, llegó a decir que no se tocaría la figura de la cesión porque “eso implicaría modificar el Tratado” (¡!). Y ahora añadió que Paraguay se sentará a la mesa con la visión de que “antes le sobraba potencia por mucho tiempo más y ahora no es así”. Con ello parece insinuar que el precio por los excedentes no será un asunto principal en la negociación.
Se anunció que las conversaciones se reanudan oficialmente la primera quincena de diciembre. Ya con Itaipú totalmente amortizada, los puntos neurálgicos para el país son 1) libre disponibilidad de su 50% para utilizarlo o comercializarlo como más le convenga y 2) el mejor precio de mercado por sus excedentes. Cualquier otro trato es inadmisible. Es cierto que a Paraguay le sobra menos potencia que antes, pero basta de regalar energía, sea mucha o poca. Ni cinco años, ni dos, ni uno, ni un día, ni una hora más.